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La Justicia sanjuanina, que había imputado a dos jóvenes estudiantes del delito de intimidación pública, les impuso la suspensión del juicio a prueba, más conocida como probation, una multa de 4 millones de pesos a pagar entre ambos en partes iguales y tareas comunitarias. 



Según fuentes del caso el miércoles último, ingresó un llamado al 911 desde un teléfono celular de una persona de sexo masculino, alegando que había una bomba en la Escuela Rogelio Boero. En ese sentido y tras el llamado los pesquisas, trabajaron de manera inmediata y advirtieron que la información de la geolocalización del llamado arrojaba el interior de la institución. 

Inmediatamente el personal policial de la Sección Explosivos arribó al establecimiento capitalino y evacuó a la totalidad de las personas, aún de las inmediaciones del establecimiento.

Tras la realizar las tareas correspondientes y una inspección minuciosa por el lugar, no se encontró artefacto explosivo, alguno, por lo que la justicia y los investigadores comenzaron a trabajar tras las pistas del llamado, para dar con los autores del mismo. 

La investigacion dio como resultado dar con el titular de la línea. Tras la declaración espontánea del dueño del celular en la Comisaría Sexta, y las evidencias se conoció que no obstante que se utilizó su teléfono para hacer el llamado al 911, un joven de apellido Fernández quien marcó el número 911 para entablar comunicación con la Policía, siendo Ricardo Barassi quien dio la alerta de la existencia de una bomba en el establecimiento educativo.

La decisión de la Justicia

La justicia dispuso la suspensión del proceso a prueba y determino que entre ambos jóvenes deberán pagar de multa  $4.000.000 soportando cada uno $2.000.000. 

Además deberán cumplir con tareas comunitarias, con una carga horaria de 24 horas  a ser cumplidas en el plazo de tres meses en el Municipio que corresponda a sus domicilios o en el lugar que determine la OMA.  Y por último deberán realizar un curso, por única vez, en División de Bomberos de la Policía de San Juan, debiendo presentar certificado de cumplimiento ante la OMA.




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