Uno de los tantos casos que provocaron la masiva espantada de público, empleados y funcionarios público por una amenaza de bomba en el Centro Cívico que, como hasta ahora, quedó en nada, cerrará mañana con un juicio abreviado con dos de los imputados que están detenidos. En ese acuerdo, sin embargo, solo uno de ellos se declarará culpable: aceptará una pena de 2 años de prisión en suspenso (sin detención) y el pago en cuotas de 4 millones de pesos por el perjuicio causado, dijeron fuentes judiciales. El otro sospechoso zafará de la investigación, anticiparon.
Hoy, el juez, Diego Manuel Sanz, suspendió la audiencia para mañana a primera hora. Pero voceros del caso asegurararon que ya existe un pacto entre el fiscal coordinador, Ignasio Achem y su ayudante Belén Sánchez (UFI de Genérica) con el principal sospechoso, Carlos Cabaña, que es asistido por la defensora oficial, María Emilia Nielson.
El acuerdo para finiquitar la investigación, recibiría el visto bueno de los representantes de la Fiscalía de Estado, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo Mira, por el pago ofrecido como reparación del perjuicio ocasionado, dijeron fuentes judiciales.
Por orden del magistrado, días atrás Cabaña y Hugo Sebastián Castro caían presos a pedido de Fiscalía, que había corroborado con evidencia desde qué teléfono partió la amenaza al principal edificio de la administración gubernamental, el pasado 16 de setiembre. También dejó instaladas sus sospechas sobre la vinculación de Castro y Cabaña con ese episodio.
Hoy, ambos jóvenes recuperarían su libertad, pero uno de ellos volvería a su casa con una condena y su promesa de pagar 4 millones en cuotas por el daño ocasionado.
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