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 Frente a la reiteración de amenazas de bomba en edificios públicos, desde la Fiscalía de Estado se ha dispuesto dar inicio de demandas civiles por daños y perjuicios contra quienes resulten responsables por si, o por personas a su cargo bajo responsabilidad parental, mientras que en paralelo al seguimiento de las acciones penales correspondientes.




El fiscal del Estado, Sebastián Dávila, dijo que ‘estas conductas, en donde el Estado Provincial es víctima, además de generar alarma social y desviar recursos públicos esenciales, constituyen hechos de gravedad que no pueden quedar impunes’. También agregó que estas medidas no sólo se aplicarán a partir de ahora, sino que también son retroactivas, por lo que se les iniciará una demanda civil a los responsables de los 16 casos de amenaza de bomba registrados en lo que va del año.

Además, en los casos penales en donde se ha identificado la participación de personas menores de edad, se solicitará la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, a fin de garantizar un abordaje integral que contemple tanto la dimensión legal como la socioeducativa del menor en conflicto con la ley penal, con la participación de su círculo familiar, vecinal y social, según corresponda y de acuerdo a lo que determine el abordaje de los gabinetes técnicos de la propia Dirección.

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